Con las capacitaciones se da inicio a la puesta en marcha de este sistema después de cuatro años de preparación, a partir de la iniciativa de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y el acompañamiento del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea. El proyecto busca saldar una deuda histórica con las personas privadas de libertad en cuanto a malos tratos y torturas en los centros penitenciarios. Costa Rica, junto a Argentina y Chile, están siendo pioneros en su implementación.
La Defensa Pública, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial del Poder Judicial de Costa Rica en conjunto con el Ministerio de Justicia y Paz y otras instituciones del Estado y de la sociedad civil inauguran con jornadas de capacitación, el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAVI).
Durante los últimos diez años, el sistema penitenciario costarricense ha vivido un aumento sostenido de población privada de la libertad. En sus visitas a los espacios de privación de la libertad, la Defensa Pública de Costa Rica, ha señalado que la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario, en sí mismos, son una forma de tratos o penas crueles e inhumanos. Además, el encierro en estas condiciones provoca, entre otros: autogobierno de la cárcel, dificultad de satisfacción de necesidades básicas, limitación de acceso a servicios de salud, condiciones de salubridad complejas e imposibilidad de las autoridades penitenciarias para el desarrollo de programas y proyectos de inserción.
En el acto de inauguración, Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, estimó que el sistema “cumple un rol fundamental para lograr trabajar en la puesta en práctica de la tutela de derechos tan inherentes, como lo es el derecho a la dignidad, a la vida, a la salud y acceso a condiciones básicas que permitan a la persona cumplir adecuadamente con su condena. Ya que para nadie es un secreto que, en la actualidad, existe una realidad latente, una realidad que demuestra que el hacinamiento carcelario, la sobrepoblación en los centros penitenciarios y la dificultad en la satisfacción de necesidades básicas, son situaciones que aquejan a la mayoría de centros penitenciarios a nivel nacional”.
En este contexto, tal y como señaló el director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo, “el SIRCAIVI es una herramienta fundamental en la identificación, denuncia y seguimiento de casos de violencia en el contexto penitenciario costarricense. Además, permite el acompañamiento a las víctimas y los familiares que lo requieran en el proceso de denuncia, tanto social como jurídicamente, analiza y documenta la incidencia de eventos de violencia en el contexto penitenciario, difunde información y sensibiliza sobre el fenómeno de la violencia carcelaria, promueve espacios de diálogo y encuentro interinstitucional dentro de nuestro ámbito de actividad y permite el desarrollo e implementación de capacitaciones, investigación e intercambio de experiencias”.
Sobre el tema, la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas indicó que “vemos de manera muy positiva el lanzamiento del SIRCAIVI, es una herramienta que aglutina el trabajo porque hay muchos actores involucrados en el sistema penitenciario, no solo de manera interna, sino de manera externa, lo cual garantiza contar con visiones frescas de ojos independientes, de ojos que no están en el día al día del sistema y gracias a ello podríamos derivar mucha mejora continua en favor de la población privada de libertad. Hay un objetivo común que comparten todos los actores involucrados y es justamente la garantía de los derechos humanos de las personas que están en las cárceles en Costa Rica”.
La secretaria general de la FIIAPP, Inmaculada Zamora consideró la pertinencia de la acción en el momento actual “por el impacto que la pandemia está teniendo en el acceso a derechos de los colectivos más vulnerables y en particular en las personas privadas de libertad”.
Los expertos de EUROsociAL+ que participan en el diseño e implantación del SIRCAIVI, Iñaki Rivera Beiras y Alejandro Forero Cuellar, pusieron en valor la actuación intersectorial del sistema con la creación de Mesas de Diálogo Interinstitucional (MEDAI) que tienen como objetivo permitir el máximo aprovechamiento de los recursos que hagan efectivo el principio de atención integral para las personas privadas de libertad, tales como la prestación de asistencia jurídica, médica y psicosocial entre los actores institucionales y de la sociedad civil.
En el desarrollo de las tres jornadas de capacitación participarán expertos nacionales e internacionales, entre ellos la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López.
