Las Defensorías Naciones de los tres países han impulsado la constitución de las Mesas de Diálogo y Actuación Intersectorial que facilitarán la colaboración y coordinación para atender a las personas privadas de libertad que hayan sido víctimas de violencia por parte de funcionarios públicos.
Foto: Aliosha Márquez
El Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI) es una iniciativa pionera impulsada por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) para mejorar la situación de la violencia institucional carcelaria en la región y que se va a implementar en Argentina, Chile y Costa Rica. El proyecto es acompañado por la Unión Europea a través del programa EUROsociAL+, concretamente desde la línea de justicia inclusiva del área de gobernanza. Se trata de saldar una deuda histórica con las personas privadas de libertad en cuanto a malos tratos y torturas en los centros penitenciarios con una política pública concreta para lo cual se ha articulado un esfuerzo por parte de las instituciones del Estado.
Por ello, uno de los elementos centrales para su implementación es el funcionamiento de las Mesas de Diálogo y Actuación Intersectorial (MEDAI) que recientemente se han constituido en Argentina, Chile y Coste Rica. La MEDAI permite reposicionar el tema de los derechos humanos en todas las instituciones del Estado y trasladar el compromiso con la aplicación de los convenios internacionales. Además posibilita un trabajo coordinado y puede potenciar la asignación y administración de recursos presupuestarios para una correcta respuesta a las víctimas de violencia institucional carcelaria y una asistencia integral, tanto a ellas como a sus familiares.
Por parte de Argentina, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, reafirmó “el compromiso del Ministerio Público de la Defensa de la Nación en la lucha contra la violencia institucional, en la obtención de un adecuado acceso a la justicia de sus víctimas y en el acompañamiento en todo sentido a las víctimas y sus familiares para que puedan superar estas experiencias altamente traumáticas”.
El Defensor Nacional de Chile, Marco Montero, destacó cómo este sistema permite un trabajo interinstitucional con los demás involucrados en esta materia y una labor colaborativa orientada hacia una efectiva protección de las personas que están privadas de libertad
Por su parte, el Director de la Defensa Pública de Costa Rica Juan Carlos Pérez Murillo, señaló que la participación de cada una de las instituciones nacionales e internacionales “permitirá visibilizar la violencia penitenciaria en nuestros países y unir esfuerzos para brindar una asistencia integral a las personas que la sufran, generando políticas de interés público acordes con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de las Personas Privadas de Libertad, con la Declaración de Derechos Humanos y con todos los estándares internacionales más altos, proyectándose Costa Rica, como ejemplo regional de un país con sistemas carcelarios más humanos”.
Asimismo, el representante de la Unidad para Operaciones Regionales y Cooperación Bilateral con México, América Central y el Caribe de la Comisión Europea, Marc Litvine, señaló que “la población alojada en los centros de detención en los países de la región supera con creces la capacidad de real de estos y no permite contar con unas condiciones de salubridad, sanitarias e higiene óptimas, demás de contravenir las normas internacionales. Por eso es imprescindible la colaboración y coordinación institucional. Sumar esfuerzos y recursos. En este sentido considero que el rol de la RED-MEDAI va a ser clave”.
“Desde la Unión Europea consideramos esta acción como sumamente estratégica y muy pertinente en el momento actual de crisis sanitaria”, expresó Susana Agüero, Oficial de Cooperación de la Delegación de la UE en Chile. “A la inexistencia o escasez de registros de casos de situaciones de violencia institucional carcelaria o el incumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de violencia institucional carcelaria, se suman ahora los efectos derivados de la pandemia en las prisiones”, añadió.
