Una mirada desde la protección social a la crisis de la COVID-19
Posibles medidas de protección social
“Hoy a las 9:00 a.m. tenemos 2,730 casos confirmados y 89 fallecidos en la región SICA”, expresó Alfredo Suárez Mieses, Secretario General de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), en sus palabras de apertura al primer webinario “Protección Social y COVID-19: oportunidades y desafíos en la región SICA”, coorganizado con el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina EUROsociAL+.
“Tanto en la Unión Europea como en América Latina, la comunidad del desarrollo está muy interesada en conocer reflexiones sobre temas de protección más vulnerable, resiliencia y respuesta multidimensional a esta epidemia”, Laurent Sillano, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
En un tiempo muy rápido, el escalamiento a nivel de pandemia del COVID-19 ha requerido por parte de los países de la toma de varias medidas restrictivas de prevención, mitigación y respuesta, desde el cierre parcial o completo de fronteras hasta limitaciones al movimiento de la población.
La caída de las exportaciones, el turismo, la suspensión de los suministros, bajas a la inversión en conjunción con desplome del precio de los productos básicos, sobre todo para los países sudamericanos exportadores de materias primas, tendrá un impacto económico negativo muy significativo derivado por esta crisis, que se va sumando a una coyuntura económica ya bastante desafiante para la región.
“Todo esto le costará a América Latina y el Caribe 3.1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) regional”, recalcó Miguel Barreto, Director Regional del Programa Mundial de Alimentos.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se estima que se puede producir una contracción del Producto Interno Bruto regional (PIB) de -1,8% que podría conducir a un aumento de la tasa de desempleo de hasta un 10%, pasando de 8.2% a alrededor de 18%.
Esta contracción económica impactará en las tasas de pobreza pasando del 29.8% a 35.4% (de 185 millones actuales a aproximadamente 220 millones de personas) en tanto que la pobreza extrema saltará de 10.8% a 14.5% (de 67,4 millones a 90 millones de personas), de acuerdo con las proyecciones de la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Esto significa que al finalizar 2020, la región habrá retrocedido en estos dos indicadores 13 años y 15 años respectivamente. Lo anterior significará un muy importante obstáculo en el rumbo al cumplimiento de la Agenda 2030.
Los Gobiernos deben mantener el acceso a bienes esenciales
Esto vuelve necesario y pertinente la toma de acciones para proteger de la crisis a los grupos más vulnerables como las personas de edad avanzada, los sectores de población con bajos ingresos y los pobres. Asimismo, se debe prestar especial atención a las mujeres por su doble función de trabajadoras y cuidadoras.
“Desde los Ministerios de Desarrollo Social en la región, hay que apoyar el consumo de un amplio estrato de la población que es muy vulnerable a la pobreza, estamos hablando del sector informal. Debemos garantizar las transferencias monetarias, con una temporalidad de 3 a 6 meses o depende; que sean lo más universales posibles para satisfacer necesidades básicas” enfatizó Simone Cecchini, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.
Esta situación requiere un replanteamiento de diferentes programas sociales nacionales para atender a las necesidades de grupos vulnerables, en la fase inmediata de la respuesta a la emergencia, así como en el mediano plazo, para prevenir o mitigar los impactos económicos negativos de la crisis.
“Hay una tensión muy fuerte entre continuar con la provisión de los programas normales o expandirlos y ajustarlos a las nuevas necesidades. Debemos empezar por las herramientas que ya tenemos, no reinventar la rueda en este momento”, explicó Ana Solórzano, Asesora Regional de Protección Social del Programa Mundial de Alimentos, Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe.
En este sentido, gobiernos en la región ya han puesto en marcha medidas como: la expansión de programas sociales, adelanto de los pagos, incorporación de nuevos beneficiarios, flexibilización de las corresponsabilidades de los programas, subsidios, retorno de impuestos, entre otras.
Esta experiencia en tiempo real brinda una oportunidad para entender y analizar para una posible armonización de medidas a nivel regional.
“La protección social debe estar integrada en una visión más sistémica, donde todas las medidas forman parte importante. Hay que entender que muchas de las innovaciones de los sistemas de protección social surgen en situaciones de crisis” destacó Solórzano.
Uso de la protección social para responder a la emergencia sanitaria.
Susana Correa Borrero, Directora General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, compartió las medidas sociales de emergencia COVID-19 que ejecuta el Gobierno de Colombia a partir de diversos programas sociales como: familias en acción, jóvenes en acción, devolución-compensación de IVA, ingreso solidario, adulto mayor, víctimas atención humanitaria, víctimas reparación administrativa, canastas nutricionales y mercados; mediante donaciones y apoyo del sector privado.
“Al estar diseñados con el objetivo de reducir la pobreza, los sistemas de protección social pueden potencialmente dar respuesta a los choques, incluyendo desastres” detalló Héctor Medina, Subdirector de Progresando con Solidaridad de la República Dominicana, quien dio a conocer los principales avances de la Estrategia de Protección Social Adaptativa, el Protocolo de actuación frente a choques climáticos y el Programa de protección social para la respuesta a emergencias, que implementa el Gobierno de su país. Asimismo, presentó el Programa temporal #QuédateEnCasa con el que se busca beneficiar a 1,500,000 hogares dominicanos que recibirán transferencias monetarias a través de la tarjeta Progresando con Solidaridad, para ser usadas en la compra de alimentos en la Red de Abastecimiento Social (RAS), desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de 2020.
Ante el cierre parcial o total de las escuelas que ha sido una medida adoptada en la gran mayoría de los países de la región, Leonardo Sánchez, Director de Programas de Equidad del Ministerio de Educación de Costa Rica, compartió el protocolo general para la distribución de alimentos en centros educativos públicos por la suspensión de lecciones, como ajustes a los Programas de Alimentación Escolar, frente al cierre de las escuelas a raíz de la emergencia nacional por la COVID-19.
“Los sistemas de protección social son una herramienta fundamental para desarrollar una estrategia no solo reactiva a la emergencia, sino una estrategia que desarrolle capacidades de resiliencia y preparación efectiva ante las amenazas”, manifestó Irma Yolanda Núñez, Coordinadora Técnica Política Social del Despacho Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno de El Salvador, quien mostró el Modelo de Protección Social que se implementó en su país en la Sequía que afectó al territorio salvadoreño en 2018.
Artículo elaborado por el Departamento de Comunicación de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana
