La Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) de América Latina ha puesto en marcha un ambicioso plan de trabajo a través de su Grupo de Trabajo de Democracia Ambiental, con el objetivo de impulsar la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú y que cuenta con el apoyo del programa EUROsociAL de la Unión Europea. Este plan se centra en cuatro puntos clave: diagnóstico, catálogo, estrategia regional y debida diligencia en empresas.
Foto: Reisehu.
En un mundo cada vez más preocupado por la preservación del medio ambiente, el acceso a la información juega un papel crucial en la capacidad de la ciudadanía para proteger su entorno y tomar decisiones informadas. Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú el 22 de abril de 2021, América Latina y el Caribe han dado pasos firmes hacia la promoción de la transparencia y el acceso a la información ambiental, marcando un hito en la región. Este acuerdo, el primero en su tipo en la región y el mundo, incluye disposiciones específicas para la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos en asuntos ambientales, siendo una herramienta esencial para la consecución de sociedades más justas y sostenibles, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En este contexto, la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) de América Latina ha puesto en marcha un ambicioso plan de trabajo a través de su Grupo de Trabajo de Democracia Ambiental, con el objetivo de impulsar la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú y que cuenta con el apoyo del programa EUROsociAL de la Unión Europea. Este plan se centra en cuatro puntos clave: diagnóstico, catálogo, buenas prácticas y debida diligencia en empresas.
En la fase actual del proyecto, se está llevando a cabo un exhaustivo diagnóstico que abarca desde el estado de situación de los países miembros de la RTA en términos de avances del Acuerdo de Escazú hasta el acceso y transparencia de las empresas privadas en cuanto a información ambiental. Este análisis integral busca identificar las fortalezas, buenas prácticas y puntos de mejora en relación con la transparencia y acceso a la información ambiental en la región y destacar también las buenas prácticas a nivel europeo que puedan ser de utilidad para la región.
Simultáneamente, se está desarrollando un catálogo que establecerá los criterios de disponibilidad y clasificación de la información ambiental, con el objetivo de garantizar la publicación proactiva de los presupuestos mínimos de información ambiental.
Este proceso cuenta con la participación de expertos y expertas de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea, quienes están trabajando en conjunto para construir un marco analítico sólido y una metodología precisa que asegure la efectividad de estas iniciativas.
En una reciente conversación, José Daniel Amoedo Barreiro y María José Méndez, expertos en temas de transparencia y ambientales, subrayaron la creciente demanda de información en la región respecto a la transparencia y el acceso a la información ambiental.
Méndez destacó la necesidad de estrategias de coordinación entre los órganos encargados de garantizar la transparencia y el acceso a la información. “Es fundamental que el derecho de acceso ambiental no sea solo responsabilidad de un órgano garante, sino que sea una política pública transversal a todos los niveles de la administración”, señaló.
Por su parte, José Daniel Amoedo, experto en temas de transparencia , hizo hincapié en la importancia de la divulgación activa de información. “La ciudadanía demanda conocer más sobre cuestiones que afectan su entorno, como la instalación de industrias o la gestión de residuos. Es esencial que la información esté disponible para una mayor rendición de cuentas y una mejor toma de decisiones”, afirmó.
Amoedo enfatizó que uno de los principales obstáculos radica en el desconocimiento generalizado sobre los derechos relacionados con la transparencia, derivados de las leyes existentes. Además, señaló que los órganos encargados de implementar estas cuestiones no cuentan con los recursos suficientes para cumplir eficazmente su labor.
Por su parte, Méndez complementó estas afirmaciones, destacando que, aunque las políticas de transparencia pueden ser conocidas en términos generales, es escasa la comprensión sobre cómo estas políticas están ligadas a derechos como el acceso a la información ambiental. Además, resaltó la importancia de entender que estas políticas son instrumentos para otros derechos, como el acceso a información relevante para la toma de decisiones.
Ambos expertos coincidieron en que la promoción de la educación ambiental es fundamental para sensibilizar a la población sobre la importancia de vivir en un entorno sano. Méndez subrayó que esto implica entender conceptos como la calidad del aire y los riesgos ambientales, así como reconocer cómo las políticas ambientales pueden contribuir a este objetivo.
La asistencia técnica finaliza hacia fines de junio del presente año y se espera que estos productos, tanto su diagnóstico como catálogo de información, contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas de transparencia y ambientales a nivel regional y nacional, así como la proyección de avance del acuerdo de Escazú en América Latina.
