La “Guía de Buenas Prácticas de las Defensorías Públicas en el Abordaje de Casos sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales” identifica treinta y cuatro buenas prácticas nacionales y regionales
Néstor Barbitta
El pasado 6 de abril se desarrolló el webinario de presentación de la “Guía de Buenas Prácticas de las Defensorías Públicas en el Abordaje de Casos sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales”, elaborada por la Defensoría General de la Nación (DGN) con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y el acompañamiento técnico del Consejo General de la Abogacía Española.
Se trata de una herramienta pensada para facilitar y promover la intervención de las defensorías públicas oficiales y optimizar su trabajo en casos relacionados a Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), a través de un abordaje colectivo de los conflictos que aseguren el cumplimiento de sentencias favorables.
Durante la presentación, la defensora general, Dra. Stella Maris Martínez, destacó el trabajo realizado desde 2018 para recabar casos individuales y colectivos en materia de DESCA con la participación de defensorías públicas tanto federales como provinciales y asociaciones de la sociedad civil. El estudio de esos insumos -explicó la defensora general- brindó un panorama del funcionamiento interno de las defensorías públicas en cuanto a la actuación en relación con los DESCA y de los retos o dificultades para el acceso a la defensa pública. Además, “permitió planificar posibles vías de acción, herramientas y propuestas para materializar el acceso a la justicia efectiva en materia DESCA”, reflejadas en un diagnóstico y una “Hoja de ruta para la promoción del acceso a la justicia en materia de DESCA en la Defensoría General de la Nación en Argentina”.
Además el proyecto ha incluido la realización de una Propuesta para la adecuación del sistema de registro de intervenciones de las Defensorías Públicas según indicadores DESCA con el objetivo de facilitar la producción de información estadística de indicadores relevantes en el ámbito de los DESCA al interior del Ministerio Público de la Defensa.
“No cabe duda que los productos de este proyecto serán una herramienta muy valiosa para optimizar y fortalecer las capacidades de respuesta de las defensorías públicas frente a las demandas de justicia en temas relacionados con la satisfacción efectiva de los DESCA y esperamos poder seguir trabajando en estas políticas públicas de acceso a la justicia que tanta falta hacen a nuestra región”, finalizó Martínez.
Por su parte, Sonia González Fuentes, coordinadora de Gobernanza de EUROsociAL, destacó que “estamos muy satisfechos con la Guía. Quisiera destacar tres notas: la amplitud de derechos y buenas prácticas que incluye; la importancia de la coordinación interinstitucional para abordar los casos; y destacar la necesidad de un enfoque multiactor incorporando a las asociaciones de la sociedad civil”.
Luego de una presentación detallada por parte de uno de los expertos que han participado en el proyecto, Jorge Ulises Carmona, en la que recorrió las 34 buenas prácticas destacadas en la Guía, Sebastián Tedeschi, titular del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la DGN, destacó que: “Esta Guía no es una guía teórica ni promocional; su aporte distintivo es mejorar la actividad defensista en la preparación, gestión y tramitación y en la ejecución de las decisiones judiciales”.
Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), describió a la defensora general como “una pionera” en distintos aspectos ligados a las prácticas de la Defensoría General, entre ellos que el organismo que conduce la Dra. Martínez cuenta con un área específica dedicada a los DESCA. Sobre la Guía, García Muñoz afirmó que es “muy bienvenida” y que se trata de “un documento para celebrar y para utilizar, porque es muy inspirador. Será de gran ayuda para las defensorías de la Argentina y de la región”.
María Luisa Domínguez, responsable de Justicia Inclusiva de EUROsociAL, cerró el evento indicando que “gracias a la estrecha asociación entre EUROsociAL y el Ministerio Público de la Defensa se han alcanzado algunos resultados muy estratégicos, no solo en Argentina si no a nivel regional en el marco de la colaboración con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas-AIDEF”.
