Este programa de protección social logra compensar el ingreso de los hogares de manera temporal a las personas que perdieron el empleo, se suspendió su contrato o se les redujo la jornada laboral a consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19 durante 2020.
Foto: Ralph Ravi Kayden
Recientemente, se celebró la presentación de resultados de la evaluación de impacto que ha coordinado el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), y a la cual asistieron las Ministras del MIDEPLAN, de Trabajo y Seguridad Social y el Ministro de Desarrollo Humano, así como distintos altos cargos de instituciones costarricenses, enlaces técnicos y asesores técnicos del EUROsociAL+, representados por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España.
El Programa Bono Proteger (BP) surge como una intervención pública en respuesta a la afectación socioeconómica en las personas, producto de la Emergencia Nacional por COVID-19, como parte de las medidas de primera respuesta tomadas para hacer frente a la crisis por las afectaciones laborales. Particularmente mediante un subsidio temporal (transferencia monetaria directa) de desempleo para coadyuvar en la satisfacción de las necesidades básicas de sus hogares.
Se estableció como propósito central “evaluar los resultados del Bono Proteger para contribuir a la toma de decisiones sobre intervenciones en contextos de emergencia y a la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos”. Y su principal uso se identifica en la adaptación y mejora de los lineamientos para la generación de programas en contextos de emergencia.
Para desarrollar dicha evaluación se aplicaron metodologías robustas (cuasi-experimentales) y novedosas en el país como “Spending review” (revisión de gasto) que buscan generar un mayor alineamiento del gasto público con las prioridades estratégicas y políticas, al respecto la OCDE ha señalado que en los países “se utilizan ampliamente como una herramienta de presupuestación estratégica, y su propósito es darle al gobierno un mejor control sobre el nivel de gasto agregado y mejorar priorización de gastos ayudando a identificar áreas de ahorro potencial”.
Se contó con una asistencia técnica del Instituto de Estudios Fiscales de España, en el marco del programa EUROsociAL+. Este programa alcanzó a 724 330 personas, y tuvo una inversión de 260 mil millones de colones (0.9% el PIB en 2020), destacado por la CEPAL como el incentivo más amplio y de mayor cuantía en 15 países de América Latina.
Los resultados mostrados en la evaluación apuntan a la medición de la efectividad del programa, considerando la integralidad del ciclo desde el diseño, su implementación, la entrega del servicio y su seguimiento desde distintos prismas (financiero, gestión y demás).
La evaluación de impacto realizada aporta evidencia sobre sus resultados, que apuntan a que el modelo de transferencia monetaria directa a personas que vieron modificadas sus condiciones laborales fue determinante para la contención de incremento de la pobreza en el país; especialmente mediante su estrategia de virtualización y modelo de auto-gestión que permitió la incorporación masiva en el programa de diversos colectivos afectados, incluyendo perfiles que tradicionalmente han estado excluidos de los mecanismos de protección social como personas trabajadoras informales o temporales.
Las autoridades han identificado como prioritario disponer de ejercicios de evaluación robustas para su labor como tomadores de decisión, además han destacado la necesidad de ampliar los esquemas de trabajo multi-actor, estableciendo alianzas para disponer de mayor capacidad y profundizar el alcance-especialización de las acciones que se emprenden en el sector público, donde se reconoce el aporte del Programa EUROsociAL+ en pro de las prioridades nacionales.
