Expertos y expertas europeos y chilenos debaten sobre la necesidad de establecer una regulación constitucional respecto de los recursos naturales, en el marco del Ciclo de debates “Contrapuntos Chile-Unión Europea para el proceso constituyente”.
Foto: Jorge Montesinos
La actual Constitución chilena no ha podido dar respuesta adecuada para hacer frente al deterioro ambiental y las consecuencias del cambio climático, al sostener un sistema poco regulado para la gestión de los recursos naturales y una economía basada en la extracción de recursos naturales. El contexto de urgencia se da principalmente porque el país es altamente vulnerable a los impactos del calentamiento global, evidenciado en una prolongada sequía extrema y grandes incendios forestales, riesgo de inundaciones y pérdida de la biodiversidad.
Es por ello que la sostenibilidad y el medioambiente ha sido el centro del debate organizado por la Delegación de la Unión Europea en Chile, a través del Programa EUROsociAL+, junto con LEXEN, el Centro Interfacultades de Derecho, Economía y Negocios de la Universidad de Chile; el Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Santiago, y el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, en colaboración con El Mostrador.
La académica Ximena Lazo, profesora Titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá (España), destacó que no solo es posible, sino también necesario e imprescindible establecer una regulación constitucional respecto de los recursos naturales, constituyendo una oportunidad inmejorable el actual proceso constituyente chileno. Añadió que se debe “aprobar con mesura unas reglas protectoras de los recursos naturales que garanticen una gestión racional, justa y sostenible”, reglas que debieran inspirarse en la preservación del recurso y con un enfoque del interés general.
Respecto al Green Deal, la experta considera que su aprobación ha significado un enorme avance, constituyendo no solo un manifiesto que debe guiar las decisiones en todo orden de cosas para incorporar la variable verde, sino que además viene acompañado con una batería de normas y con un presupuesto y plan potente de inversiones, dando pie a la creación de normas, métodos y estrategias en distintas áreas sectoriales.
Por su parte, Francesco de Leonardis, catedrático de Legislación Ambiental en la Universidad de Roma (Italia) también se refirió al Green Deal Europeo, el que considera es “la llave” y el punto de partida donde todas las políticas públicas tienen su origen, la que estima permite una reactivación económica lo más sostenible posible. Finalizó su exposición sugiriendo ciertas mejoras y adiciones a la actual normativa constitucional chilena referida a la protección ambiental, y destacando que se deben considerar no solo medidas clásicas de “command and control”, sino que la incorporación de instrumentos de tipo económico, como la contratación pública verde, certificaciones, un régimen de responsabilidad del productor, etc., lo que a su juicio constituye la verdadera novedad de la perspectiva europea.
Al final del debate, Verónica Delgado, profesora de Derecho Ambiental en la Universidad de Concepción, quien ejerció de moderadora, subrayó que la nueva Constitución chilena será la primera a nivel mundial en ser creada tras el Acuerdo de Paris. Esto, argumentó, significa un desafío y responsabilidad mayor, lo que suscitó el debate entre ambos académicos respecto de la incorporación de doctrinas constitucionales como el Public Trust norteamericano, o los derechos de la naturaleza propios del constitucionalismo latinoamericano.
