Por Diana Wolski, senior officer de Políticas Sociales, Programa de la Unión Europea EUROsociAL+
La emergencia sanitaria vinculada a la difusión del coronavirus, al golpear fuertemente las sociedades y economías nacionales a escala global, también hizo más visibles las desigualdades entre los países y dentro de los países en términos de situación socioeconómica de los ciudadanos, impactos de la crisis y niveles de protección ante los riesgos por parte del estado, exacerbando y polarizando al mismo tiempo las diferencias. Este fenómeno se ha observado, en distintos niveles, tanto en América Latina como en Europa.
El primer elemento que cabe señalar en este contexto es el papel central del Estado en la gestión de la emergencia después de décadas marcadas por una cierta influencia del neoliberalismo económico y sus efectos en las políticas de bienestar[1]. Esto, por un lado, mediante la adopción de medidas sanitarias y de orden público y, por otro, a través de medidas económicas de corto plazo para la protección y estimulación de la demanda (sobre todo trasferencias monetarias) y apoyo a la oferta (resguardo de la capacidad productiva de las empresas y del empleo).
Para permitir la adopción de estas medidas en Europa, por primera vez en la historia de la UE, se acordó una suspensión del Pacto de Estabilidad con el fin de sobrepasar las limitaciones de déficit/PIB y deuda y, de este modo, aumentar el gasto público y reactivar la economía. Esta medida va más allá de la decisión anunciada a principios de marzo de no contabilizar a efectos del déficit los gastos centrados en el coronavirus [2].
Los estados de América Latina, región en la que la crisis empezó en presencia de bajos niveles de crecimiento del PIB (0.5% en 2019 según la CEPAL [3]) y un gasto social que, en promedio, en 2018, ascendía al 11.3% del PIB (CEPAL, 2018 [4]), también introdujeron medidas para mitigar el impacto de la crisis sanitaria. Junto con la reasignación de recursos a la gestión de la emergencia y la protección de la salud, los gobiernos recurrieron a transferencias monetarias de diferente naturaleza para contrarrestar la pérdida de ingresos causada por la actual parálisis de la economía (por ejemplo, el Ingreso Solidario en Colombia y los fondos para trabajadores informales en Brasil y México). Sin embargo, en presencia de altos niveles de informalidad, una cuestión fundamental para que las medidas económicas sean efectivas tiene que ver con los canales a través de los cuales los subsidios son distribuidos, considerado que en la región los trabajadores informales en gran parte no tienen acceso a los bancos y no están inscritos en los programas de transferencia monetarias condicionadas existentes. La previsión de transferencias no condicionadas para las categorías poblacionales que no participan en esto programas será clave para asegurar la protección de todas las personas castigadas por la crisis, entre ellas las mujeres, los jóvenes, los trabajadores informales y por cuenta propia.
En un horizonte de medio y largo plazo, se plantea la cuestión de la reconstrucción y el dilema de un equilibrio entre crecimiento económico y bienestar social. Desde este punto de vista, los países de Europa y América Latina se encuentran en fases distintas, con algunos países que ya vivieron la fase crítica de la pandemia y otros que la están enfrentando ahora. Al haber sufrido antes la pandemia, la UE y sus estados miembros han podido avanzar más en la elaboración de un conjunto de medidas políticas hacia la recuperación: en mayo, la Comisión Europea presentó un plan de recuperación – Next Generation EU – que prevé medidas sociales y económicas integradas a la propuesta de marco financiero plurianual 2021-2027 [5].
La fase de recuperación posterior a la crisis sanitaria podría ser la ocasión para una reflexión acerca de medidas para extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios sociales a nivel nacional, sobre todo en lo que concierne a la protección social y el empleo, con el principal objetivo de mejorar la resiliencia de las sociedades. Esto, con miras a reducir los riesgos de vulnerabilidad y los costes asociados para los Estados y las sociedades, así como para colmar las desigualdades que la crisis sanitaria ha evidenciado [6] en términos de cobertura y calidad/naturaleza de los servicios.
Otra cuestión de largo alcance es la sostenibilidad del gasto público, frente a la necesidad de medidas de política social que sean contra cíclicas, es decir que provean un incremento de los recursos públicos destinados a este sector en tiempos de contracción económica y disminución recaudatoria. Como primer paso, es clave asegurar que la reasignación de fondos presupuestales a la gestión de la emergencia que está interesando el gasto social de muchos países no perjudique la disponibilidad de recursos para el fortalecimiento de las políticas sociales; y que esto no desemboque en una fragmentación de la gestión de las políticas sociales y del gasto asociado.
En general, el papel de las políticas sociales en el abordaje de las desigualdades a través de una mejor gestión del gasto social, la inversión en el capital humano, la reducción de la informalidad y el incremento de la productividad es clave. Al mismo tiempo, para maximizar el impacto de las políticas sociales y mejorar su sostenibilidad, es fuertemente deseable que la reflexión acerca del futuro de nuestras sociedades llegue a abarcar también el tema de la inclusividad democrática. La situación de crisis de los partidos políticos tradicionales en varios países de América Latina y Europa, la desafección de los ciudadanos, que perciben las instituciones como entidades lejanas e inadecuadas para atender sus necesidades, la consiguiente proliferación de nuevos sujetos políticos caracterizados por elevados niveles de populismo anti elitista, pone desafíos importantes para la estabilidad del sistema democrático en su conjunto. En este contexto, la promoción de modalidades participativas de diseño e implementación de las políticas y difusión de la cultura democrática, hasta llegar a la concertación de nuevos contratos sociales, pueden hacer la diferencia.
Buscar soluciones a estas cuestiones centrales para el bienestar de los ciudadanos de Europa y América Latina es fundamental: la magnitud y extensión de los fenómenos que estamos observando requiere una fuerte alianza entre las dos regiones en términos de reflexión e intercambio acerca de los modelos de política pública y de gestión adoptados. Ahora más que nunca se necesita el apoyo de EUROsociAL+ como herramienta de acción conjunta para contrarrestar los efectos negativos de la crisis y mirar hacia un futuro más justo para nuestras ciudadanías.
[1] https://www.centroeinaudi.it/images/abook_file/wp2_12_ferrera.pdf
[2] La contracción del PIB estimada para el área Euro en 2020 es de alrededor de 7,4-7,6% (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_822), con niveles crecimiento anteriores a la crisis de alrededor de 1,2% (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip121_en.pdf)
[3] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/S1901133_es.pdf?sequence=5&isAllowed=y
[4] Idem.
[5] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940
[6] Por ejemplo, una categoría que se ve particularmente afectada por la crisis es la de los trabajadores atípicos, una población que actualmente representa alrededor del 40% de la fuerza trabajo en la UE ( https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_1623 ), mientras que la expansión del trabajo por cuenta propia contribuyó aproximadamente en 49% al aumento del número de ocupados en el mercado laboral en América Latina en 2018 ( https://www.cepal.org/es/comunicados/expansion-trabajo-cuenta-propia-mayor-informalidad-amenazan-situacion-laboral-america ). En la UE, la Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, de 8 de noviembre de 2019, es una de las iniciativas del pilar de derechos sociales a la cual se podría dar seguimiento a nivel nacional para ampliar la cobertura de los sistemas de protección social a largo plazo. En América Latina, donde en muchos casos el fenómeno de los trabajadores atípicos se solapa a los altos niveles de informalidad, se observa la adopción de medidas para proteger el empleo y prevenir una difusión de la informalidad en el mediano plazo, sobre todo de naturaleza fiscal.
