Región Unión Europea · 10 junio, 2019

Migración y Acceso a la Justicia: la mirada europea

La migración en América Latina y en Europa es un tema álgido desde el punto de vista de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Recíprocamente entrevistó a Andrés Mahnke Malschafsky, Defensor Nacional de Chile, quien nos dio su visión desde Latinoamérica. En esta parte Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, no da su visión desde Europa.

¿Cuáles son las principales dificultades/obstáculos que enfrentan las personas migrantes para hacer valer sus derechos en Europa?

Lo primero de todo es que la variedad del origen nacional de los migrantes que llegan a Europa es enorme. Los obstáculos y dificultades que encuentran en territorio europeo son por eso de muy diverso tipo. El idioma suele ser un obstáculo importante. En España, los inmigrantes hispanohablantes acceden más rápido al mercado laboral y en mejores condiciones y se integran con más facilidad que los de origen africano o asiático.

Las vías de entrada regular a los países europeos y, por tanto, las vías seguras y relativamente sólidas para el acceso a derechos, son demasiado estrechas. Las condiciones para permanecer en el territorio de forma legal pueden cambiar y dejar en situación irregular a personas que llevan años viviendo y trabajando en el país. El acceso a derechos sociales y económicos puede verse, en esos casos, seriamente comprometido por este hecho (recursos sanitarios, empleo, prestaciones y servicios sociales) o puede acarrear la expulsión, si no se subsana en los plazos legales.

También los procedimientos administrativos son muchas veces muy engorrosos y se dilatan eternamente y con indolencia por parte de la Administración. Y cuando estos están relacionados con cuestiones básicas sobre la situación civil y familiar de la persona, se les genera un gran sufrimiento.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las instituciones del sistema de justicia para dar respuesta a las demandas de este grupo en condición de vulnerabilidad?

El mundo actual, un mundo globalizado, con un acelerado crecimiento de la población, se caracteriza también por experimentar grandes corrientes migratorias. Con 242 millones de personas migrantes en el mundo en 2018, según los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, no hay hoy día ni un solo país que no esté afectado por la migración internacional, ya sea como país de origen, de tránsito o receptor.

Los países europeos, al igual que los de otras regiones del mundo, no han acompasado sus leyes, ni sus políticas –que, obviamente, necesitan recursos para su aplicación-, a esa situación. Los Gobiernos tienen que crear procedimientos y mecanismos adecuados que faciliten el acceso a la Justicia de un número creciente de inmigrantes.

Además, los inmigrantes suelen desconocer las instancias a las que deben acudir para realizar un trámite legal, además de desconocer también en gran medida o con una precisión aceptable sus propios derechos. Las autoridades deben ser más conscientes de este problema y realizar mayores esfuerzos de difusión entre las comunidades migrantes e invertir en mecanismos de información y asesoramiento jurídico a los migrantes.

En el ámbito judicial se han realizado importantes esfuerzos ya que, tanto la regulación de la Unión Europea relacionada como el Convenio Europeo de Derechos Humanos son garantistas en cuanto a la tutela judicial de las personas migrantes. Sin embargo, podemos decir que los operadores jurídicos necesitan aumentar su formación en relación con materias específicas dentro del Derecho de Extranjería -por no hablar del Derecho de Asilo- y me refiero de manera muy concreta a los fallos de la Justicia en la protección de la infancia migrante, sobre todo los niños y niñas no acompañados, o a la sangrante ineficacia en la protección a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.

En materia migratoria aún debemos transitar desde un concepto de seguridad nacional y de fronteras, predominante actualmente, a un concepto de seguridad humana de los migrantes y al de seguridad jurídica de los migrantes, que debemos propiciar los operadores jurídicos. Para esto aún nos queda un largo camino por recorrer.

¿Qué reformas legislativas y/o medidas/políticas/programas se han adoptado en su país para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de las personas migrantes? ¿Qué impacto está teniendo?

En España, la Constitución Española dispone en su artículo 13.1 que “Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley”, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la tutele judicial efectiva del artículo 24. A partir de ahí, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece las normas básicas para estas personas.

Además, la Ley 12/2009, de Asilo, recoge el derecho de los refugiados a acceder a la justicia de forma gratuita para la tramitación de sus solicitudes de asilo

Los desarrollos reglamentarios y a través de Circulares y otros tipos de normas de desarrollo han sido necesarios para completar esas disposiciones legales.

La aplicación, por parte de todas las instituciones implicadas, de estas normas es siempre un proceso en continua ejecución en el que se hace necesario desarrollar de manera paralela encuentros, congresos, reuniones y proyectos colaborativos para comprobar su fortaleza y buscar impactos positivos.

¿Qué mecanismos de coordinación a nivel nacional/regional existen en Europa en este ámbito?

En el entorno UE existe una serie de Directivas que buscan establecer un marco común normativo. Por poner un ejemplo, en el ámbito de refugiados, las Directivas de Acogida de solicitantes de asilo y de Procedimiento para la concesión de protección internacional buscan establecer un sistema europeo común de asilo. No tiene sentido que los criterios de asilo varíen fundamentalmente entre un país y otro, en un territorio que es común en derechos de los ciudadanos como es la Unión Europea. Y sin embargo es justo decir que los criterios finalmente sí que varían mucho de unos países a otros y ese sistema común en realidad es un reto pendiente.

Quizás los Cuerpos de Seguridad sí sean un buen ejemplo de coordinación a nivel europeo. Registran y comparten las bases de datos de entradas de ciudadanos en todo el territorio.

La Abogacía institucional también es un buen ejemplo a nivel español en materia de mecanismos de coordinación, establecimiento de pautas y estándares de funcionamiento para la asistencia jurídica a migrantes y extranjeros. La Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía coordina el trabajo de 83 Colegios de Abogados en esta materia.

Trabajar de forma coordinada con el Defensor del Pueblo, con ACNUR y con la Organización Internacional para las Migraciones es otro recurso valioso en este sentido.

¿Qué experiencias o buenas prácticas europeas se podrían destacar en el ámbito de protección y defensa de los derechos de las personas migrantes?

Las buenas prácticas institucionales son el producto de la voluntad política. En Europa el punto de partida, a nivel formal o en un plano teórico, es garantista para los migrantes, pero la compleja realidad migratoria nos dice que es necesario que los diferentes actores clave tengamos en nuestra cultura un cierto margen de maniobra para atender la diversa casuística existente, porque las leyes y la jurisprudencia no nos dan una solución mecánica a todos y cada uno de los problemas que se presentan.

Esa visión flexible nos ha permitido iniciar proyectos conjuntos de Abogacías de varios países de la Unión Europea para reforzar en momentos de crisis migratorias los servicios de asistencia jurídica gratuita en Lesbos (Grecia), por ejemplo, añadidos a los propios mecanismos nacionales griegos.

En la Abogacía Española en concreto, hemos logrado también que sean los letrados colegiados, por tanto, sujetos a control deontológico, los que, de manera preceptiva, se encargan de la asistencia jurídica a migrantes irregulares cuando son detectados en la frontera. Pero a continuación hemos tenido que volcarnos en la formación para prestar un servicio correcto. Desde la Abogacía Española estamos poniendo un gran empeño en la formación de los letrados desde hace años, considerando que la migración no es un fenómeno pasajero. Actualmente coordinamos con agencias y programas tanto de la Unión Europea como del Consejo de Europa, por ejemplo TRALIM (UE) y HELP (CoE), las necesidades formativas para la asistencia jurídica y colaboramos para organizar y desarrollar esas formaciones en España. También ofrecemos formación a los Colegios de Abogados en colaboración con ACNUR, desde la óptica humanitaria del derecho de los refugiados.

También quiero destacar los dispositivos de orientación jurídica a extranjeros que hemos impulsado desde la Abogacía Española, los llamados SOJE. Numerosos Colegios de Abogados prestan este servicio gratuito a cualquier extranjero que tenga una duda jurídica. Muchas veces esa duda jurídica es después derivada a los servicios de asistencia jurídica gratuita de los Colegios para iniciar o continuar procedimientos administrativos y judiciales.

Desde su punto de vista, ¿qué impacto puede tener en la cohesión social y en la reducción de brechas de desigualdad garantizar los derechos y el acceso a la justicia de las personas migrantes?

La correlación entre acceso a la justicia y cohesión social no necesita de ninguna explicación alambicada, pues es totalmente evidente. La falta de acceso al sistema de justicia significará dejar de ver reconocidos derechos económicos y sociales, y también civiles, por ejemplo, que están necesitando en ese momento, lo que acarreará después su exclusión social. Lo vemos con los menores migrantes no acompañados a los que no se reconoce la minoría de edad que alegan. Muchos quedan literalmente en la calle en situación de total desamparo. Las víctimas de trata que denuncian su situación de explotación y no obtienen la protección del sistema, volverán a la espiral de explotación. Un inmigrante que pasa unos meses sin trabajo por determinadas circunstancias y corre el riesgo de ser expulsado, a pesar de poder demostrar su arraigo, probablemente recurrirá a la economía sumergida o tendrá más probabilidades de delinquir. Etcétera.

¿Hace falta una mayor difusión y sensibilización sobre los derechos de las personas migrantes? ¿Qué medidas/estrategias se podrían adoptar para mejorar la percepción en este tema?

Los medios de comunicación tienen un impacto relevante en la manera en que percibimos a los inmigrantes. Muchos han conseguido generar entre la sociedad una percepción negativa y amenazante de los inmigrantes. Si bien los amplios movimientos migratorios cuyo destino es Europa deben ser analizados también desde un enfoque de seguridad, su consideración como “amenaza” es, podríamos decir, disparatada y un puro producto de mensajes de corte político demagógico. Reconocer este punto es esencial porque el calado en la sociedad de esos mensajes antiinmigración está dificultando el discurso político de los derechos de los migrantes en Europa, que están plenamente reconocidos.

Por tanto, por supuesto es necesaria una mayor difusión sobre los derechos de los migrantes pero tiene que verse acompañada de un correcto tratamiento del tema por los grandes medios de comunicación porque, por el motivo que sea, una parte de los ciudadanos europeos están predispuestos a aceptar mensajes antiinmigración, normalmente basados en datos falsos y argumentos demagógicos.

Este asunto se ve muy claramente en el ámbito económico. Una parte de la sociedad opina que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo a los nacionales. Mientras tanto, la Secretaria de Estado de Migraciones en España, Consuelo Rumí, expone en el foro “Migraciones y Ciudades” del Banco Interamericano de Desarrollo que España, ante el envejecimiento de su población, necesitará para satisfacer las necesidades de nuestro mercado laboral 270.000 migrantes anuales hasta el año 2050.

La realización de talleres de trabajo con periodistas sobre derechos de los migrantes y sobre la situación de la migración podría ser una idea sugerente a este respecto.

 

 

Pais: Región Unión Europea
ODS: Paz, justicia e instituciones sólidas
Área de Políticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Tipo: Entrevista

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